El Juzgado de lo Civil número 26 de Madrid ha desestimado la demanda del Real Madrid contra LaLiga en relación con los criterios de distribución de los ingresos por impacto social, condenando al club demandante al pago de las costas judiciales.

La sentencia 206/2026, dictada el 23 de julio, desestima la demanda interpuesta por el Real Madrid Club de Fútbol contra LaLiga. El club demandante pretendía declarar nulo el acuerdo sobre los criterios de distribución de ingresos audiovisuales por impacto social, aprobado por la Asamblea de LaLiga el 4 de agosto de 2023.

La sentencia respalda la posición de LaLiga, al considerar que el acuerdo no vulnera la ley, ya que fue adoptado dentro del ámbito expresamente autorizado por el artículo 5.4 del Real Decreto Ley 5/2015. El acuerdo había sido previamente aprobado por el organismo supervisor de derechos audiovisuales y ratificado por la Asamblea de LaLiga con la mayoría de dos tercios exigida por ley.

El sistema mantiene criterios basados en la audiencia para la componente de impacto social, mientras que otra parte depende del grado de colaboración de los clubes en acciones voluntarias para mejorar el producto audiovisual, considerando también las métricas de audiencia.

El tribunal desestimó los argumentos principales de la demanda. Consideró que el Real Decreto Ley 5/2015 autoriza a los órganos de gobierno de las ligas a establecer estos criterios de distribución, sujeto únicamente a las limitaciones cuantitativas del propio decreto. La sentencia señaló que el legislador no ofreció una definición restrictiva del concepto de "recursos generados por la comercialización de la retransmisión televisiva" ni exigió que los criterios se limitasen únicamente a la audiencia. Además, reconoció que el sistema de LaLiga se basa en incentivos y participación voluntaria, sin privar a los clubes de la propiedad o derechos exclusivos sobre derechos audiovisuales no sujetos a transferencia obligatoria. El tribunal también descartó abuso de derecho, al constatar que el acuerdo fue aprobado por el órgano competente con la mayoría legal requerida y que su propósito está debidamente justificado. Por último, la sentencia subrayó que el Real Madrid no aportó pruebas técnicas que respaldasen los daños económicos específicos reclamados.

La vía penal fue desestimada anteriormente. El Real Madrid había presentado una denuncia penal contra LaLiga y su presidente, alegando delitos de incumplimiento grave de deber, apropiación indebida agravada, acuerdos abusivos y corrupción privada. El Juzgado Central de Instrucción n.º 4 declaró la denuncia inadmisible el 13 de septiembre de 2023. Posteriormente, la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión, considerando que el acuerdo no constituía delito penal alguno. Tras la desestimación de la vía penal, el Real Madrid interpuso esta demanda civil, que ahora ha sido completamente rechazada.

La sentencia es de primera instancia y no es firme. El Real Madrid puede interponer recurso en un plazo de 20 días hábiles desde la notificación. LaLiga continuará defendiendo la legalidad de sus acuerdos, respetando la autoridad de los órganos de gobierno de la competición y aplicando medidas que contribuyan a mejorar el valor y la calidad del producto audiovisual en beneficio de todos los clubes.

Traducido por IA.

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